Abogada penalista en Barcelona

No acuda nunca a declarar sin abogado. Como investigado tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a conocer los hechos que se le atribuyen (art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Contacte con un penalista antes de la fecha señalada: examinaremos el atestado, prepararemos la declaración y decidiremos la estrategia (declarar, responder solo a su abogada o guardar silencio).

Los delitos leves son las infracciones penales de menor entidad (las antiguas faltas): se castigan con penas leves como multas, no exigen abogado obligatorio en muchos casos y no generan antecedentes penales computables a efectos de reincidencia. Los delitos menos graves llevan penas de hasta 5 años de prisión, requieren defensa técnica y sí generan antecedentes penales.

Se solicitan al Registro Central de Penados una vez cumplida la pena y transcurridos los plazos del art. 136 del Código Penal sin volver a delinquir:

El despacho verifica los cómputos y presenta la solicitud. Pida presupuesto.

El juicio rápido es un procedimiento penal abreviado para delitos castigados con hasta 5 años de prisión, flagrantes o de instrucción sencilla: alcoholemias y delitos viales, hurtos, lesiones, amenazas o quebrantamientos. Se celebra en plazos muy cortos desde la detención o citación policial y permite conformidad con reducción de un tercio de la pena. Contar con abogado desde el primer momento es decisivo porque las decisiones se toman en horas, no en meses.

Depende de la fase del procedimiento y la complejidad del asunto: no cuesta lo mismo una conformidad en un juicio rápido que un procedimiento con instrucción larga y juicio oral. Por eso en la primera visita se estudia el caso y se entrega una hoja de encargo con presupuesto cerrado por escrito antes de iniciar cualquier actuación, sin sorpresas posteriores.

Un juicio rápido puede resolverse en días desde la citación; un procedimiento abreviado con instrucción suele durar entre varios meses y dos años, según la complejidad, el número de investigados y la carga del juzgado. En la primera visita le damos una previsión realista para su caso concreto y le explicamos qué hitos marcarán el calendario.

En la mayoría de los casos no. El artículo 80 del Código Penal permite suspender la ejecución de penas de prisión de hasta 2 años cuando el condenado es primario, ha satisfecho la responsabilidad civil y el juez valora que no volverá a delinquir. La suspensión no es automática: hay que solicitarla y motivarla bien, y ese es uno de los trabajos clave de la defensa tras la sentencia.

Sí. Además de la defensa, ejercemos la acusación particular para reclamar la condena del responsable y la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios sufridos. Personarse como acusación particular permite proponer prueba, intervenir en el juicio y recurrir, en lugar de dejar el asunto solo en manos del fiscal.

Actúe en dos frentes y rápido: denuncie ante la Policía o el juzgado aportando todos los justificantes (transferencias, correos, capturas) y reclame por escrito a su banco la devolución de los cargos no autorizados, que en muchos casos debe restituir conforme a la normativa de servicios de pago. Como acusación particular perseguimos al estafador y, en paralelo, reclamamos la responsabilidad del banco si falló en la seguridad.

No declare sin abogado: en estos procedimientos la primera declaración condiciona todo lo demás, y suelen acordarse medidas urgentes como la orden de alejamiento en 72 horas. Acuda a la citación acompañado de su defensa, no contacte con la denunciante aunque ella lo haga (incumplir la orden es un delito autónomo) y reúna cuanto antes mensajes y testigos. Cada caso exige revisar el atestado antes de decidir la estrategia.